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Los campos de concentración cubanos

Amelia Doval
Campo de caña de azúcar en Cuba
Campo de caña de azúcar en Cuba, postal antigua. Foto: Harris Brothers, La Habana / Wikimedia Commons, dominio público

Artículo de opinión

Cuba, el régimen comunista más antiguo de América, les debe una indemnización de vida a quienes fueron llevados a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). La opinión pública mundial tiene una deuda pendiente con las víctimas: reconocer, criticar y denunciar aquellos campos de concentración cubanos.

El régimen negó que fueran campos de represión, control político, castigo mental e intimidación. Las UMAP se crearon en noviembre de 1965, hace 61 años, aunque sus orígenes se remontan a decisiones anteriores.

Estas unidades militares se presentaban ante los cubanos como centros destinados a la formación del hombre nuevo. Su objetivo, según la propaganda oficial, era incorporar a los jóvenes al trabajo y a la disciplina revolucionaria. Así dieron a conocer al mundo su proyecto, justificándolo con la consigna de que había que trabajar mucho y bien.

Los jóvenes enviados a estos campos estaban bajo el marco del Servicio Militar Obligatorio. Como siempre ocurre cuando las palabras encubren los verdaderos objetivos, la realidad fue demostrando con los años las intenciones de quienes organizaron aquel sistema.

Los confinados fueron objetores de conciencia, cristianos y miembros de distintas organizaciones religiosas, homosexuales, disidentes políticos, artistas y ciudadanos considerados incómodos para las políticas comunistas. Muchos fueron catalogados como personas no aptas para el servicio militar regular.

Años después, Fidel Castro llegó a calificar de injusticias determinados actos cometidos durante aquella etapa.

Según estimaciones históricas, entre 25.000 y 35.000 personas pasaron por las UMAP. El escritor Norberto Fuentes, antiguo colaborador de los servicios de inteligencia cubanos, habló de aproximadamente 35.000 internos. También se han difundido denuncias sobre internamientos psiquiátricos, torturas, muertes y suicidios, cuyas cifras exactas requieren una investigación documental más completa.

Mala alimentación, jornadas de trabajo forzado de diez a doce horas, siete días a la semana, condiciones precarias y severas medidas disciplinarias formaron parte de los testimonios sobre aquellos campos.

Una lista demasiado cruel para encontrar justificación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en 1967 un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, en medio de las denuncias que comenzaban a conocerse internacionalmente.

Aquel proyecto de supuesta ingeniería social, desarrollado sin el consentimiento de sus participantes, convirtió a miles de ciudadanos en prisioneros de un sistema que pretendía transformar sus ideas, sus creencias y hasta su conducta personal.

Ante las presiones y denuncias, el régimen terminó clausurando las UMAP en 1968. Pero cerrar los campos no significó borrar el sufrimiento de quienes estuvieron encerrados en ellos.

Desde los primeros campos establecidos en Camagüey hasta otras formas posteriores de control y represión, la historia cubana ha dejado una profunda deuda con sus ciudadanos.

Los métodos de persecución, discriminación y castigo político no pueden justificarse en nombre de una revolución, de una ideología ni de un supuesto beneficio colectivo.

Los cubanos esperan el final de un comunismo que consideran esclavizante. Pero queda una pregunta que no puede desaparecer con el paso del tiempo:

¿Quién, cómo, cuándo y a quiénes les devolverán los años perdidos?

La tristeza acumulada, las familias separadas, la juventud arrebatada y las vidas destruidas no se recuperan con discursos ni con reconocimientos tardíos.

Cuba merece algo mejor.

Su momento debe llegar pronto.

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Sobre el autor

Amelia Doval

Analista político, escritora, periodista, crítica. Miembro del Colegio Nacional de Periodistas en el exilio, Estados Unidos. Graduada de la Universidad de la Habana en Lengua y Literatura Hispánica. Fundadora de What US News

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