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México se ha visto envuelto en una discusión que va de un lado a otro sin que la mayoría entienda desde qué punto debe mirar o cuánto puede beneficiar al pueblo. AMLO ha introducido un tema que algunos ven sus orígenes en Bolivia y otros incluso la nueva presidenta lo acercan más a Estados Unidos.
La selección de los jueces que hasta ahora tomaban la responsabilidad el gobierno judicial a través de oposiciones y un sistema de meritocracia ha pasado a manos del pueblo.
Las elecciones de los jueces no es una tarea cómoda porque no estamos acostumbrados a escoger nuestro destino pues esto implica quitar la responsabilidad de los errores de otros y comenzar a llevarla nosotros como pueblo. No solo en Bolivia sino en los estados de Estados Unidos que utilizan este método es sabido que las personas no pueden definir a quién escoger porque aún cuando existan los recursos para promover sus biografías «es preferible no escuchar y no perder el tiempo en esto» así dicen.
Lo cierto es que si pensamos que este punto puede ser superado entonces debemos centrarnos en lo principal: los jueces preparados deben demostrar su compromiso con el sistema judicial más que sus conocimientos pues a fin de cuentas quienes aprueban sus puestos en el Congreso también desconocen desde qué ángulos pueden evaluar su trabajo y escogen por conveniencias económicas o políticas.
Los jueces no deben estar vinculados y asociados con partidos políticos ni ningún partido puede apoyar o promover un juez, algo que evitaría tener compromisos durante el ejercicio de sus funciones que se reducen a 12 años, con ello los jueces vitalicios y atascados en su poder dejan de existir.
En Estados Unidos esta decisión se toma en 1832 en Mississippi, precisamente porque el auge de los partidos políticos creó preocupación sobre la imparcialidad en sus funciones.
La propuesta de México quizás tome como ejemplo los fracasos en otros lugares, tales como en Bolivia, que el pueblo ha preferido anular las votaciones ante el desconocimiento de los candidatos. México se enfrenta a una decisión única que puede tener múltiples aristas y quizás eliminar la división de poderes, aunque esto no se puede demostrar aún, o por otro lado entregarle el poder al pueblo para que tome decisiones sobre su futuro y asuma la responsabilidad de su gobierno.
Hasta ahora todo quedaría distribuido de esta manera: Poder Ejecutivo tendría 10 candidatos, Poder legislativo 5 candidatos, Cámara y Poder Judicial tendrían 10 candidatos, y los Poderes de la Unión las demás candidaturas. Habría que poner a prueba esta decisión y ver en qué medida la corrupción puede ser atacada desde la justicia de los interesados. Quedaría mucho por ver con este paso y negarse a aceptar algo nuevo para cambiar lo corrupto quizás no sea la mejor opción.
